Hay momentos en los que una sociedad debería detenerse y preguntarse hacia dónde la están conduciendo determinadas decisiones políticas y económicas. El momento actual parece ser uno de ellos. Mientras continúa la guerra de Ucrania y no se vislumbra una salida negociada, Europa está aumentando de manera extraordinaria sus gastos militares, ampliando la producción de armas y municiones y reforzando el despliegue de tropas en el este europeo. Paralelamente, se extiende en el discurso político y mediático la idea de que debemos prepararnos para una posible guerra directa con Rusia.
¿Se trata simplemente de una política de prevención y disuasión ante una amenaza exterior o estamos entrando en una dinámica de militarización que puede acabar haciendo inevitable aquello que supuestamente pretende evitar? Parece que se trata de esta segunda posibilidad y contemplamos una serie de datos e indicios que, aunque deben ser examinados críticamente, merecen ser tenidos en cuenta.
Uno de los primeros elementos señalados es el espectacular aumento del gasto militar. Se ha pasado de hablar de incrementos relativamente moderados a plantear porcentajes extraordinariamente elevados del PIB destinados a defensa. El objetivo ya no parece limitarse a mantener unas Fuerzas Armadas suficientes para las necesidades defensivas tradicionales, sino a impulsar una auténtica expansión de las capacidades militares y de la industria armamentística europea.
Debemos relacionar esta política con una situación económica internacional caracterizada por el endeudamiento, las dificultades de determinadas economías occidentales y la pérdida progresiva de algunas posiciones económicas y geopolíticas. Según esta interpretación, la crisis del sistema económico internacional y las dificultades para mantener determinadas posiciones de poder podrían estar favoreciendo la búsqueda de una transformación profunda del orden mundial. Se llega incluso a hablar de la posibilidad de un «reset» económico mediante un gran conflicto internacional.
Evidentemente, es una hipótesis que no puede presentarse como un hecho demostrado. Pero plantea una cuestión que sí merece discusión: ¿qué relación existe entre las crisis económicas, los intereses geopolíticos y el crecimiento del gasto militar?
Otro argumento se refiere directamente a la guerra de Ucrania. Una de las expectativas iniciales de las potencias occidentales era que el enorme apoyo económico y militar proporcionado a Ucrania acabaría debilitando decisivamente a Rusia y provocando dificultades internas capaces de modificar su comportamiento. Sin embargo, esa expectativa no se habría cumplido.
Después de años de guerra, enormes cantidades de dinero invertidas y un volumen creciente de armamento enviado al frente, Rusia continúa siendo una potencia militar capaz de sostener el conflicto. La situación plantea así un problema político: ¿cómo reconocer que una determinada estrategia no ha producido los resultados esperados después de haber comprometido tantos recursos?
Se evidencia la dificultad de detener una dinámica una vez que se han creado intereses económicos y políticos muy importantes alrededor de ella. Europa ha incrementado notablemente su capacidad de producción de municiones y otros materiales militares. Se han abierto o ampliado fábricas y se han realizado importantes inversiones públicas. Pero una industria de armamento necesita compradores. Si desaparece la demanda, las empresas tienen que reducir la producción o cerrar instalaciones. Desde esta perspectiva, se plantea una cuestión inquietante: ¿puede llegar a producirse una situación en la que exista una presión económica para mantener los conflictos que justifican esa producción?
No significa esto que una fábrica de armas necesite necesariamente una guerra para sobrevivir, ni que quienes trabajan en ellas deseen un conflicto. Significa algo más sencillo: cuando la economía de un país moviliza enormes recursos alrededor de la producción militar, aparecen intereses económicos que pueden coincidir con el mantenimiento de una política de rearme permanente.
Se relaciona esta cuestión con las dificultades económicas que atraviesan algunos países europeos. Prestemos atención, entre otras cosas, a los elevados costes energéticos, los problemas de competitividad de determinadas industrias y la pérdida de influencia europea en algunas regiones del mundo, particularmente en África. Una situación de crisis interna puede favorecer la búsqueda de enemigos exteriores y la utilización de la tensión internacional como mecanismo para desviar la atención de los problemas sociales y económicos.
Es aquí donde se utiliza la expresión «guerras relajadoras»: conflictos que, además de responder a intereses geopolíticos, pueden servir para canalizar tensiones internas, crear un sentimiento de unidad frente a un enemigo exterior y justificar sacrificios económicos que en circunstancias normales resultarían difíciles de aceptar.
Parece que se puede reconocer que existe un problema democrático. Cuando una sociedad se encuentra sometida a una creciente sensación de amenaza, resulta más fácil justificar aumentos extraordinarios del gasto militar y más difícil cuestionarlos.
Y aquí llegamos a otro de los indicios más preocupantes: la preparación psicológica de la población. Durante años, la posibilidad de una guerra entre Rusia y la OTAN parecía algo remoto. Sin embargo, progresivamente se ha incorporado al discurso público la necesidad de prepararse para una eventual confrontación. Se habla de aumentar los arsenales, de incrementar la producción de munición, de preparar a la población y de estar dispuestos a afrontar una guerra de grandes dimensiones.
Prepararse para evitar una guerra puede ser una medida prudente. Pero existe una diferencia entre prepararse para impedir un conflicto y normalizar la idea de que el conflicto es inevitable. Cuando una sociedad comienza a considerar normal la posibilidad de una guerra directa entre potencias nucleares, se produce un cambio profundo en la percepción colectiva. Lo extraordinario empieza a parecer inevitable. Y cuanto más se acepta esa posibilidad, más difícil resulta defender alternativas diplomáticas.
Prestemos también la atención sobre otro peligro: la posibilidad de que un incidente desencadene una escalada. Cuando existen tropas enfrentadas, aviones militares, misiles, drones, barcos de guerra y sistemas de armamento desplegados en espacios relativamente próximos, aumenta el riesgo de accidentes, errores de cálculo o interpretaciones equivocadas. Y no se debe excluir la posibilidad de un «ataque de falsa bandera». La cuestión general que esto plantea es perfectamente comprensible: en una situación de enorme tensión militar, ¿qué ocurriría si un incidente grave fuese interpretado como una agresión deliberada? Una vez desencadenada una escalada, las decisiones pueden sucederse rápidamente y resultar muy difíciles de controlar. Y si los contendientes disponen de armas nucleares, las consecuencias de un error de cálculo serían potencialmente catastróficas.
España no se encuentra fuera de esta dinámica. Nuestro país forma parte de la OTAN y mantiene efectivos militares desplegados en el flanco oriental de la Alianza, entre ellos en Eslovaquia y en el área báltica. Esto significa que una eventual confrontación entre Rusia y la OTAN no sería un problema lejano que afectara únicamente a otros países. En determinadas circunstancias, militares españoles podrían encontrarse directamente implicados.
Por eso resulta legítimo preguntarse si la ciudadanía española está suficientemente informada sobre las decisiones que se están tomando en materia militar y sobre sus posibles consecuencias. Mientras se habla constantemente de armas, presupuestos militares, municiones y despliegues de tropas, la negociación ocupa un espacio mucho menor. La diplomacia parece quedar relegada frente a la lógica militar. Sin embargo, si la finalidad de una política de defensa es proteger a la población, el objetivo último debería ser precisamente evitar que las armas tengan que utilizarse.
Esto nos lleva a una cuestión especialmente importante: ¿qué intereses pueden estar beneficiándose de esta dinámica? Existe un interés económico evidente en el crecimiento de la industria militar. Las empresas reciben contratos públicos, las inversiones aumentan y determinados sectores industriales encuentran nuevas oportunidades. Existen también intereses geopolíticos relacionados con el mantenimiento de determinadas posiciones de poder. Y existen intereses políticos vinculados a la utilización de la amenaza exterior como argumento para determinadas decisiones. Nada de ello demuestra que exista un plan secreto para provocar una guerra. Pero precisamente por eso es necesario exigir transparencia. Cuando se movilizan cantidades enormes de recursos públicos y se adoptan decisiones que pueden afectar a la seguridad de millones de personas, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué intereses están presentes, qué objetivos se persiguen y qué alternativas se han considerado.
Desde una perspectiva cristiana, la cuestión adquiere todavía mayor profundidad. El Evangelio no presenta la paz como una palabra bonita para pronunciar cuando termina una guerra. Jesús proclama: «Bienaventurados los que trabajan por la paz». No dice simplemente «bienaventurados los que desean la paz», sino quienes trabajan por ella. La paz exige decisiones, iniciativas, negociación, diálogo, justicia y valentía para enfrentarse a quienes consideran inevitable la lógica de la violencia.
La tradición bíblica tampoco identifica la seguridad con la acumulación de armas. Los profetas soñaron con un mundo en el que las espadas se transformaran en instrumentos de trabajo. La paz bíblica no consiste únicamente en ausencia de combates: está relacionada con la justicia, con unas relaciones sociales dignas y con la posibilidad de que los pueblos vivan sin miedo. Por eso, para quienes intentamos vivir el Evangelio desde el compromiso con los pobres, con la justicia y con la dignidad humana, resulta difícil aceptar que la respuesta a los problemas de nuestro tiempo sea una carrera armamentística cada vez mayor.
Hay algo profundamente contradictorio en una sociedad que afirma no disponer de recursos suficientes para garantizar vivienda, sanidad, educación, cuidados o protección social y que, al mismo tiempo, encuentra cantidades enormes de dinero para incrementar el gasto militar. No se trata de negar la necesidad de seguridad. Se trata de preguntarnos qué entendemos por seguridad. ¿Es seguridad vivir rodeados de armas cada vez más destructivas? ¿O es también seguridad disponer de vivienda, trabajo digno, servicios públicos, educación, sanidad y relaciones internacionales basadas en la cooperación?
Defender la paz hoy significa también cuestionar los intereses económicos y políticos que pueden beneficiarse de la guerra. Significa reclamar que España no sea arrastrada a nuevos conflictos sin un debate democrático real. Significa exigir que antes de hablar de nuevas armas se agoten las posibilidades de negociación. Y significa rechazar que la guerra se presente como algo inevitable.
Quizá la pregunta más importante que debemos hacernos no sea cuánto dinero estamos dispuestos a gastar en prepararnos para una guerra, sino qué estamos dispuestos a hacer para impedirla. Ante la lógica de «si quieres la paz, prepárate para la guerra», necesitamos recuperar otra convicción: si queremos realmente la paz, tenemos que prepararnos para construirla.
Porque cuando están en juego armas capaces de provocar una destrucción inimaginable, trabajar por la paz no es ingenuidad. Es responsabilidad. Y, para quienes se dicen seguidores de Jesús, es también una exigencia del Evangelio.
20 de septiembre - 2026 